Sobre el término “presunto” en prensa y el concepto de veracidad: guía para periodistas y comunicadores

Importante sentencia la que comentamos hoy en nuestro blog, en la que el Tribunal Supremo reflexiona acerca de la observancia del requisito de la veracidad y la diligencia exigible al informador en noticias sobre detenciones o imputaciones de delitos que finalmente no queden probados, y acerca de la repercusión que para la veracidad podía derivarse de la falta de proporcionalidad en el tratamiento informativo de los titulares.  

En este post reproducimos los hechos probados y el texto de la noticia sobre la que trata este fallo judicial. También un resumen de los argumentos del Tribunal Supremo, que constituyen una verdadera guía para el periodista y comunicador de cara a cumplir con el deber de información sin que el derecho al honor del protagonista de la noticia se vea afectado.

En la parte inferior del artículo encontrarás las conclusiones del Tribunal, aplicables al día a día de la profesión de periodista o comunicador, especialmente cuando trate con asuntos relacionados con tribunales.

Puedes acceder aquí al texto íntegro de la sentencia

Los hechos probados son los siguientes…

  • Sobre las 18.30 horas del 15 de enero de 2011 D. Constantino, entonces consejero de cultura y turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sufrió una agresión física cerca del portal de su domicilio, cometida presuntamente por dos varones de identidad desconocida que le propinaron una serie de golpes a consecuencia de los cuales sufrió lesiones (fracturas múltiples) que precisaron de intervención quirúrgica.

  • Este hecho determinó que por el Cuerpo Nacional de Policía se tramitasen diligencias, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia, nº 1 de Murcia.

  • Por auto de 16 de enero de 2011 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia se acordó incoar diligencias previas por “presunto delito de lesiones” y por auto de esa misma fecha se acordó la intervención de las comunicaciones del número de teléfono correspondiente al terminal del consejero, perdido durante la agresión.

  • Los hechos tuvieron una gran repercusión social y mediática, conmocionaron a la opinión pública, tanto a nivel nacional como particularmente en el ámbito de la región murciana, y motivaron que se sucedieran las manifestaciones de destacadas personalidades políticas y, asimismo, que por su interés público informaran al respecto diferentes medios de comunicación, entre ellos el diario ‘El Mundo’, los cuales fueron dando cuenta desde un primer momento del curso de la investigación policial y judicial.

  • A las 19.00 horas del 16 de enero de 2011, el luego demandante D. Jorge fue detenido por agentes del Cuerpo Nacional de Policía por haberlo identificado el agredido como uno de sus posibles agresores por medio de una fotografía que le fue exhibida durante su estancia hospitalaria.

  • La competencia para la instrucción de la causa penal correspondió al Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia. Por auto de 17 de enero de 2011 acordó incoar diligencias previas por “la posible existencia de un delito de lesiones”, por auto de la misma fecha acordó la entrada y registro en el domicilio del detenido y por auto de 18 de enero de 2011 acordó el desprecinto y volcado de los datos informáticos contenidos en su ordenador.

  • Según las diligencias ampliatorias, el detenido contaba con antecedentes policiales por delitos contra los derechos fundamentales, daños y lesiones. También se dejaba constancia de que tras el registro domiciliario se le encontraron diversos objetos contundentes “como hebillas -con forma de puño americano y de cartuchos de guerra-, mosquetón, navajas, un fragmento de cable de alta tensión [...]”, así como fotografías, almacenadas en el ordenador en formato digital, en las que aparecía vistiendo indumentaria característica de la tribu urbana radical de extrema izquierda conocida como «Sharp» - Skinheads Against Racial Prejudice - y del grupo radical murciano «City Boys».

  • La agencia de noticias Europa Press difundió el 17 de enero de 2011 una información titulada “El detenido en Murcia es Jorge, sancionado en 2008 por incidentes en un estadio de fútbol», citando «fuentes de la investigación”.

  • Ese mismo día el diario ‘El País’ publicó una información titulada “Detenido un joven por su participación en la agresión al consejero murciano” y subtitulada “Jorge es miembro de un grupo radical vinculado con el mundo del fútbol”. En el cuerpo de la noticia se le relacionaba con un grupo radical vinculado con el mundo del fútbol y se aludía también a su sanción en 2008 por incidentes violentos en el estadio Rico Pérez.

  • La agencia Efe también se hizo eco el día 17 de su detención, de su vinculación “con grupos antisistema de extrema izquierda” y de su sanción en 2008.

  • Otros muchos medios dieron cuenta entre los días 17 y 19 de enero de su detención y de su vinculación con grupos ultras violentos, de ideología radical de izquierdas, y de sus antecedentes.

  • Algunos medios también dieron cuenta del comunicado emitido por el grupo ultra ‘City Boys’, en los días siguientes a la detención, mostrando su apoyo al detenido y proclamando su inocencia.

  • El miércoles 19 de enero de 2011, el diario ‘El Mundo’ publicó en el n.o 7.699 de su edición impresa la información enjuiciada en el presente litigio.

  • La noticia se avanzaba en portada, parte inferior derecha, ilustrada con una fotografía del rostro del demandante, con el titular: “Gonzalo, retrato de un "red skin" con puño de hierro”, y el subtítulo: “El agresor del consejero murciano, de 28 años, ha sido detenido otras dos veces por actos violentos”. Título y subtítulo remitían a la página 8, donde se desarrollaba la información avanzada en portada mediante dos artículos. El firmado por Luis Carlos y Luis Antonio, a dos columnas, tenía el siguiente texto:

    “No es ningún desconocido. Su nombre aparece entre las fichas de los habituales. Con esa denominación, los policías se refieren a los que están siempre metidos en líos y clasificados en la carpeta de los especialistas en grupos violentos. Se trata de Jorge. Gonzalo, como le conocen sus amigos. Este murciano de 28 años ha pasado al menos en otras dos ocasiones por los calabozos. Ésta es la tercera, la más sonada. Está pendiente de lo que decida el juez. La Policía le acusa de ser uno de los dos autores materiales de la agresión al consejero de Cultura de Murcia, Constantino. Está considerado como uno de los grandes representantes del movimiento antisistema de Murcia. "Donde hay follón, allí aparece", comentó a este periódico uno de los investigadores.

    Sus amigos y su familia no dan crédito: "Es todo un error, un inmenso error y se aclarará". "Cuando dicen que estaba golpeando al consejero, es imposible, porque estaba con nosotros, en el bar de siempre", aseguran sus amigos, que ayer estuvieron en la gasolinera que regenta la familia del detenido en la pedanía de Baños y Mendigo. Pero la Policía afirma que nadie avala esa coartada y dispone del testimonio de alguien que identifica a Gonzalo: el propio agredido.

    En 2006 fue detenido junto a 30 jóvenes por una pelea con un grupo de neonazis

    Los agentes de Información de la Jefatura Superior apenas tienen dudas sobre el comportamiento violento del detenido. Este sharper , de los red skins, es un joven con antecedentes violentos. En 2006 fue detenido junto a otra treintena de jóvenes por participar en una riña de pandillas: una pelea entre su grupo y otro de neonazis. Su identificación se produjo tras el análisis del material fotográfico recogido por los medios de comunicación, porque Jorge tampoco es un desconocido para la prensa. En aquella actuación, al ahora detenido se le intervino un puño de acero que pretendía utilizar contra la otra tribu urbana.

    Jorge está considerado por la Policía como uno de los integrantes más veteranos del grupo de sharperos que actúa en Murcia. Esa denominación proviene del acrónimo en inglés Sharp ( Skin Heads Against Racial Prejudice ; es decir, “cabezas rapadas contra los prejuicios raciales”). Su vestimenta es muy parecida a la de los neonazis contra los que combaten. Alguno de sus amigos admitió a EL MUNDO un pasado vinculado a la violencia y el fútbol.

    Su segunda detención se produjo en 2007, bajo la acusación de atentar contra los derechos fundamentales. Fue otra actuación violenta, aunque las diligencias policiales aún siguen secretas. Quizá uno de los datos que más ha sorprendido a los investigadores es que el ahora detenido se presentó a las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años el año pasado. Y aprobó. De hecho, como confirmó una amiga de la familia, está estudiando Humanidades. Más concretamente, Antropología. ¿Cómo un tipo con un pasado violento que accede a la universidad se dedica a agredir salvajemente a un consejero de un Gobierno regional?

    En agosto de 2008, cuando ya había sido detenido en 2006 y 2007, fue sancionado a pagar una multa de 3.001 euros por exhibir símbolos violentos en un partido de fútbol. Gonzalo también formaba parte del grupo radical de seguidores del club Ciudad de Murcia denominado City Boys. En 2009 recibió al menos dos sanciones de tráfico, que no fueron atendidas y tuvieron que publicarse en los boletines de Murcia y Alicante.

    Según fuentes de la investigación, inicialmente se sospechó que la agresión había sido cometida por tres radicales. Pero finalmente se ha descartado la intervención de un tercero. Los agentes están convencidos de que el segundo, que aún no está detenido, se encuentra entre la cuadrilla más cercana a Jorge .

    Aunque según la agencia Efe el rastreo del teléfono móvil del detenido le sitúa lejos del lugar de los hechos, lo cierto es que los investigadores sospechan que los agresores actuaron con premeditación.

    Los investigadores creen que los agresores realizaron un seguimiento previo

    No hubo nada casual. Sabían dónde y a qué hora estaría el consejero en la zona de su casa. Es más, creen que pudieron realizar algún tipo de seguimiento previo. De hecho, el agredido ya ha dicho que se sentía vigilado desde hacía unos días y que el portero automático de su portal había sido destrozado. "Nada de actuación por encargo. Los que le pegaron sabían a por quién iban y no había nadie que estuviera moviendo los hilos".

    Instantes antes de ser agredido, el consejero había dejado en casa a su hijo de dos años. Tras ser golpeado al grito de "¡sobrinísimo, hijo de puta!", el consejero acudió a pie hasta la Jefatura Superior de Policía, que dista apenas un centenar de metros de su domicilio y del lugar de la agresión.

    La detención de Jorge la llevó a cabo la Brigada Provincial de Información, que es la que se encarga, entre otras labores, del seguimiento de los grupos antisistema .

    Los agentes de Información están investigando también las amenazas que el consejero recibió por internet días antes en su propio correo electrónico. En algunas de ellas se hablaba también de actuar contra la hija del presidente murciano, Indalecio”.

  • En otra noticia, el diario publicó:

    “El joven murciano mantiene su declaración de inocencia. Durante la mañana de ayer, el presunto responsable de la agresión al consejero de Cultura y Turismo de Murcia fue trasladado temporalmente al Palacio de Justicia para llevar a cabo una diligencia practicada en el Juzgado de Guardia, junto al secretario judicial, en la que se cotejaron con él todos los materiales encontrados en el registro practicado en su domicilio.

    El ministro del Interior, Teodosio , también señaló ayer que fue el mismo consejero quien identificó a través de fotos policiales a Jorge , a las pocas horas de la agresión.

    Constantino ha anunciado a través de sus allegados que hará su primera aparición pública este domingo, día 23, en el partido entre el Real Murcia y el Cadiz Club de Fútbol, que se disputará en el estadio Nueva Condomina, si bien esta cita se mantendrá dependiendo de su evolución. Constantino ha agradecido a través de Facebook las muestras de apoyo recibidas.

  • Ese mismo día el Juzgado de Instrucción nº 4 en funciones de guardia, a cuya disposición fue puesto el detenido, dictó auto acordando su libertad provisional “con la obligación apud-acta de comparecer” los días uno y quince de cada mes ante el órgano que estuviera conociendo de la causa abierta por tales hechos. Su fundamento de derecho único razonaba lo siguiente:

    “En el presente caso, si bien existen indicios bastantes para estimar responsable criminalmente del delito de ATENTADO al detenido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 499 , 505 , 529 y 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás normativa aplicable, procede decretar su libertad provisional sin fianza, con la sola obligación apud acta de comparecer ante este órgano judicial o el que conozca de la causa los días que se indican”.

  • Por auto de 11 de marzo de 2011 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia se acordó el “sobreseimiento provisional y archivo” de la causa respecto del imputado Sr. Jorge y el cese de las medidas cautelares en su día impuestas por el Juzgado de Instrucción n.o 4 en funciones de guardia, con devolución de todos los bienes aprehendidos en la diligencia de entrada y registro. Su fundamento de derecho único razonaba que de las diligencias practicadas no se había podido descubrir a las personas que participaron en la agresión y que no existían indicios suficientes respecto del único imputado, ya que pese a haber sido reconocido fotográficamente por la víctima, «en la posterior rueda de reconocimiento el lesionado no pudo asegurar que este imputado fuera uno de sus agresores».

Las conclusiones del Tribunal Supremo

  • Con carácter general el deber de veracidad ha de entenderse como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador a la hora de contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales y ajustándose a las circunstancias del caso, aunque la información con el trascurso del tiempo pueda ser desmentida o no resultar confirmada, faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones.

  • De la doctrina sobre el agotamiento del deber de diligencia en casos de imputaciones de delitos posteriormente no corroboradas se colige que lo que mediante este requisito se está exigiendo al profesional de la información es "una actuación razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos que expone para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz". Así, prescindiendo de la forma elegida para su comunicación y de inexactitudes no esenciales, la información se reputará veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados que resulten de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos. 

  • Por el contrario, se reputará no veraz la información que se apoye en conclusiones derivadas de meras especulaciones, en rumores sin fundamento, carentes de apoyo en datos objetivos extraídos de fuentes igualmente objetivas y fiables que estuvieran al alcance del informador. En esta línea, la jurisprudencia constitucional asegura que únicamente "cuando la fuente que proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si ésta puede mencionarse en la información misma", lo que implica que sí será necesario contrastar la noticia si la fuente del periodista no tiene esas características, debiendo el periodista atenerse "a los datos objetivos procedentes de fuentes serias y fiables disponibles en el momento en que la noticia se produce, y sin que tales datos sean sustituidos por los personales y sesgados criterios del periodista que transmite la noticia”.

  • El deber de diligencia informativa no obliga al informador a esperar al resultado de las actuaciones penales, y tampoco el juicio sobre la diligencia informativa puede basarse en datos distintos de los conocidos en la fecha de publicación del artículo enjuiciado, lo que excluye la relevancia del posterior auto de sobreseimiento provisional. La existencia de una instrucción penal en curso constituye para la jurisprudencia una fuente objetiva y fiable a la hora de valorar si el informador agotó la diligencia que le era exigible al comprobar la noticia.

  • El concepto de veracidad no coincide con el de la verdad de lo publicado o difundido, ya que, cuando la Constitución requiere que la información sea veraz, no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, sino estableciendo un deber de diligencia sobre el informador, a quien se puede y debe exigir que lo que transmite como hechos hayan sido objeto de previo contraste con datos objetivos.

  • Puesto que no cabe confundir la veracidad con la verdad de lo publicado o difundido, el deber de veracidad exigible al informador no puede basarse en datos distintos de los conocidos en la fecha de publicación de la noticia, de modo que la información se reputará veraz, por haber agotado el informador la diligencia que cabía exigírsele, si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste en ese momento, como la existencia de investigaciones policiales y judiciales.

  • La exigencia de veracidad puede resultar comprometida por una destacada titulación de la noticia que presente a un investigado como responsable indubitado de un delito, pero únicamente cuando esta conclusión rotunda, inequívoca, carezca de la menor lógica y proporción conforme a los datos a disposición del periodista en ese momento. 

  • Aun cuando quepa apreciar en los titulares de la información una intención clara de atraer a los lectores, “conviene recordar que una crónica periodística puede utilizar distintas vías en función del medio de comunicación y del tema de que se trate: no corresponde al Tribunal, ni a los órganos jurisdiccionales nacionales por otra parte, sustituir a la prensa en la decisión sobre qué técnica deben emplear los periodistas”.

  • Ni siquiera la falta de advertencia alguna en la información sobre el carácter supuesto o presunto de la imputación es determinante en todo caso de la existencia de intromisión ilegítima en el honor. Por ejemplo, expresiones como «estafador», incluso no precedidas del término «presunto», no pasan, en un determinado contexto y en unas determinadas circunstancias, de ser “meros excesos verbales”.

La solución del Tribunal Supremo

  • Las circunstancias concurrentes en este caso no permiten concluir que el mero uso de la palabra “agresor” en el subtítulo de la noticia publicada en portada tuviera entidad bastante para privarla de veracidad y para excluirla del ámbito constitucionalmente protegido de la libertad de información.

  • La propia sentencia recurrida consideró veraz el núcleo de la información, siendo hechos incuestionables tanto la agresión sufrida por el consejero y la identificación del demandante por la propia víctima, mediante fotografía, cuanto su condición de investigado como posible responsable de la agresión tras su detención y las subsiguientes diligencias practicadas (entre ellas el registro de su domicilio), no conociéndose en cambio todavía su puesta en libertad provisional ni que esta se debiera al resultado negativo de la rueda de reconocimiento en sede judicial, decisión que en cualquier caso no supuso que perdiera su condición de investigado.

  • La información cuestionada, esencialmente centrada en ofrecer al lector un perfil del demandante como persona violenta a raíz de su detención e imputación penal por los hechos, se sustenta en todo momento no en los personales y sesgados criterios del periodista o periodistas que firmaban, sino en los datos objetivos que en ese momento estaban a su disposición, todos ellos suficientemente contrastados por proceder de fuentes serias y fiables, como eran las publicaciones de los días precedentes y las propias actuaciones policiales y judiciales, y razonablemente indicativos de ese perfil de red skin que se pretendía resaltar en el titular, dada su vinculación con grupos antisistema de extrema izquierda y con grupos de seguidores radicales de fútbol que empleaban habitualmente la violencia y que, además, de inmediato mostraron públicamente su apoyo y adhesión a quien, sin duda, consideraban un miembro de ese colectivo.

  • En estas concretas circunstancias el mero uso de la palabra «agresor» en el subtítulo de la noticia publicada en portada, sin hacer advertencia alguna sobre el carácter supuesto o presunto de la imputación, no justifica que se limite el derecho a la libertad de información, pues no se trasladó al subtitulo -ni por tanto a los lectores- una conclusión taxativa sobre la realidad de los hechos y la participación del demandante que no guardase una relación lógica con los datos resultantes de las fuentes que estaban a disposición del medio en el momento de la publicación de la noticia, ya que sus antecedentes por delitos violentos, su pertenencia a grupos que hacían uso habitual de la violencia, el descubrimiento en su domicilio de material compatible con este uso, el hecho de que hubiera sido identificado inicialmente por la propia víctima y el hecho de que, hasta ese momento, fuera el único detenido e investigado como posible autor, no convertía en desproporcionado que se aludiera a él con tal calificativo en el marco de la concisión propia de los titulares y de la libertad de la prensa para elegir la técnica o forma de presentación de la información.

  • La sentencia del Supremo estima el recurso presentado por ‘El Mundo’ y revoca totalmente la sentencia dictada en primera instancia (favorable al demandante).

¿Qué opinas? ¿Crees que debe exigirse una mayor diligencia al periodista a la hora de trasladar este tipo de casos a la opinión pública?