Derecho en los medios de comunicación: los 5 errores más comunes de los periodistas de tribunales

El periodismo judicial o de tribunales es una rama de especialización en auge: cada vez existen más cursos, máster, libros y publicaciones en general dedicadas a trasladar a los informadores las claves conceptuales de una profesión compleja y cargada de tecnicismos. Incluso aquellos que nos hemos formado ‘del todo’ estudiando también la carrera de Derecho necesitamos ayuda de vez en cuando para analizar la letra pequeña de una ley o una sentencia, o incluso a la hora de describir en qué punto se encuentra un procedimiento judicial.

Nadie nace sabiendo, y quizás la gran diferencia entre el periodista y un trabajador de cualquier otro sector es que, en el primer caso, su trabajo está totalmente expuesto al escrutinio público, por lo que las incorrecciones son infinitamente más visibles. También a la mirada de los expertos, para los que es fácil encontrar imprecisiones o lagunas en cualquier información. A ello se suma la crisis de los medios de comunicación: la carga de trabajo se reparte cada vez entre menos profesionales y ello, evidentemente, influye en la calidad de la información. Sencillamente, muchas veces no hay tiempo para ‘mimar' una noticia y profundizar en ella hasta quedar plenamente satisfecho con el resultado.

Hasta aquí las excusas: a pesar de lo complicado de esta profesión, es importante hacer bien los deberes y cuidar hasta el mínimo detalle. No hay que olvidar que no sólo se trata de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, sino de cuidar nuestra firma, nuestra marca personal, evitando ‘patinar’ en cualquier materia que nos toque abordar, por complicada que ésta sea.

Por eso, hoy os dejamos una mini-guía en la que recogemos los que, por nuestra experiencia, son los errores más comunes que se cometen en el periodismo de tribunales.

1. Jamás publiques una información sobre una sentencia o ley sin haberla leído

Os damos un ejemplo práctico: en una ocasión, cierto despacho de abogados se dedicó a ‘vender’ a los medios que había ganado un caso contra Bankia en materia de preferentes. Aseguraban que el juez había condenado a la entidad por un delito de estafa. En seguida nos pusimos en contacto la responsable de prensa porque, si era cierto, sería la primera vez que se diera ese caso en España y la información sería muy, muy importante para los afectados.

Nuestra sorpresa llegó cuando conseguimos el texto y comprobé que la palabra estafa no aparecía en ningún lado. Es más, se trataba (como es normal) de un procedimiento civil, y no penal, por lo que esa condena era sencillamente imposible. Sin embargo, muchos medios ‘picaron’ y publicaron la nota de prensa casi íntegramente.

¿Moraleja? Nunca faltarán personas dispuestas a tratar de ‘colarte’ información adornándola para hacerla más atractiva. Lo mismo se aplica al Gobierno: en rueda de prensa siempre se resaltan los puntos más atractivos de una nueva ley y se pasan por alto los más polémicos. Jamás publiques nada sobre una sentencia, ley, o lo que sea sin acudir a la fuente principal. Es más tedioso, cierto, pero es la única forma de hacer bien tu trabajo. Se pueden destapar grandes escándalos a través de la lectura de información que es pública pero que muy pocos analizan con detalle.

2. El Gobierno ha dictado una ley…

Por mucho que pueda parecerlo (de hecho, ha sido una práctica muy habitual durante la presente legislatura), el Gobierno no legisla: lo hacen las Cortes. Parece obvio, pero sorprende ver la cantidad de ocasiones en que se confunden términos y se otorga al Ejecutivo una labor que no es ni debe ser suya.

Es cierto que durante los últimos años se ha utilizado (para muchos juristas, de forma abusiva) la herramienta del Real Decreto-ley para sacar a la luz nuevas normas. Esta fórmula está reservada a los casos de “extraordinaria y urgente necesidad”: el Gobierno se convierte en un pseudo-legislador de forma excepcional, y las Cortes cuentan con 30 días para ratificar la norma, dando su visto bueno a la existencia de esa situación de urgencia, pero sin entrar en debate sobre su contenido. El resultado es una fórmula ‘exprés’ de aprobación, aunque hay algunas materias que no pueden tocarse por esta vía (artículo 86 CE): las instituciones básicas del Estado; los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del Título I; el régimen de las comunidades autónomas y el derecho electoral.

Puede parecer que, si un Gobierno dispone de mayoría absoluta en las Cortes, no hace falta pasar por todo el trámite parlamentario porque el resultado va a ser el mismo. No es así: sin debate en las Cortes, las normas pasan desapercibidas y sus efectos se asumen como inevitables, sin que otras fuerzas políticas puedan señalarlos, discutirlos o presentar enmiendas. La opinión pública pierde mucha información cuando se utiliza esta vía.

3. ¿Auto o sentencia?

Aunque esto probablemente sólo le chirría a los abogados y demás profesionales de Derecho, no es lo mismo un auto que una sentencia: en el primer caso, se resuelve el asunto principal objeto del litigio, mientras que el segundo puede resolver diversas cuestiones relacionadas con el asunto principal del litigio que surgen a lo largo del procedimiento. Sin entrar en tecnicismos, basta leer el texto de la resolución que nos faciliten desde la oficina de prensa para salir de dudas.

4. No es lo mismo un Juzgado que un Tribunal

La estructura judicial es compleja y a muchos periodistas se les escapa que un Juzgado no es lo mismo que un Tribunal. También que, en el primer caso, las sentencias o autos los dicta un juez individualmente, mientras que en el resto la fórmula de decisión es colegiada. Por mucho que el fallo tenga un ponente, éste es sencillamente quien se encarga de la redacción final (entre otras cosas), recogiendo todo lo razonado por los magistrados. No es cierto, por tanto, que el ponente sea el responsable de esa argumentación. De hecho hay muchísimas sentencias en las que el propio ponente emite un voto particular en el que expresa una opinión contraria a la de la mayoría.

5. Cuantos más datos, mejor

Lo más útil para un afectado por una cláusula suelo (por ejemplo) no es tanto la información que publiques como la fuente de la que la extraes. Es importante publicar siempre todos los datos posibles sobre el fallo para que los posibles afectados (y sus abogados) puedan identificarlos y utilizarlos en su favor. A través de Cendoj se pueden buscar sentencias y autos por ponente, fecha, órgano que lo dicta, temática… Cuanta más información se facilite, más sencillo será ayudar a quienes puedan beneficiarse de un criterio determinado.

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